Para la mayor parte de los integrantes de la sociedad, el concepto de Justicia está relacionado con rectitud, con resolución del conflicto, con la paz, con la sabiduría y con otros valores fundamentales e indispensables para la convivencia social, los cuales en el Estado moderno se suponen concentrarse en la figura humana dotada por las leyes internas de ese país como el administrador de Justicia, comúnmente denominado “Juez”. A partir del pensador Montesquieu (1748) y como una respuesta a la agotada monarquía se empieza a desarrollar la tradicional división de poderes, lo cual no era otra cosa que distribuir las funciones del monarca en por lo menos tres órganos distintos, autónomos e independientes, cito “… en cada estado hay tres clases de poderes; el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil” “… por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas particulares, este último se llamará poder judicial”, más adelante apunta que el poder judicial debe estar separado del poder legislativo y del ejecutivo, pues si estuviere unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo, sería tiránico pues el juez tendría la mismas fuerza de un agresor. De manera que los titulares del poder judicial aunque orgánicamente se encuentran al mismo nivel de los otros poderes públicos, en la práctica existe una primacía implícita, pues corresponde al poder judicial controlar que la actividad de los otros órganos se enmarque dentro de la constitucionalidad y la legalidad, anulando y ordenando subsanar los desvíos de las actuaciones del Poder Público, siendo esto la garantía del estado de derecho, de la democracia, en consecuencia de la justicia.
Los titulares del poder judicial, investidos de jurisdicción, entiéndase, facultados de administrar justicia, son hombres y mujeres escogidos de la sociedad, objetivamente evaluados en sus resaltantes características curriculares en lo académico, en su ejercicio profesional, en la docencia, en la actividad gremial y de integración con la comunidad, pero esto no es suficiente para obtener de la mayor parte de los integrantes de la sociedad la buena pro de la gestión pública en cuanto al concepto de “justicia”, pues los ciudadanos esperan de sus jueces siempre lo mejor, la excelencia, el respeto, la sabiduría, la prudencia, la honestidad, el pleno acatamiento a las normas, en fin la ética necesaria para confiar en la Justicia.
Se trata pues de un hombre y mujer cuyo comportamiento público tiene necesariamente que ser un ejemplo para la sociedad; aquí se reedita el viejo adagio que reza “la mujer de Cesar no solo debe serlo, sino parecerlo”, pues el juez tiene el sagrado deber de venderle al resto de los integrantes de la sociedad la necesaria confianza al sistema de justicia. Lo anterior implica una serie de prohibiciones y de abstenciones que tiene un juez en relación a los otros ciudadanos, que limita su vida pública, pero que obran en favor de un proyecto superior; así un juez aunque sea lícito asistir a salas de juego de envite y azar, el tendrá que limitarse hacer de estas su distracción cotidiana, otro, aun cuando sea lícito consumir bebidas alcohólicas, el juez debe limitar en público su excesivo consumo e incluso el Juez tiene que ser cuidadoso en lo que publica en sus redes sociales, entre otras limitaciones que aun cuando pudieran resultar contradictorias al mundo moderno, todos aquellos que decidimos ser jueces lo hicimos por nuestra propia voluntad, convencidos que nuestra designación cambia no solo el curso normal de nuestras vidas, sino la de nuestros familiares directos, recordando que ser Juez no es un trabajo, sino una forma de vida.
